Escritos y lecturas

No es a los garrotazos, con violencia o matando campesinos como se solucionará el problema de los cultivos ilícitos y menos, de un día para otro, como lo pretende el gobierno del Presidente Santos.                                                                Fuente: static.iris.net.co/semana/upload/images/2017/10/9/543364_1.jpg Acabar con este flagelo no es tan fácil ni se logrará tan rápido. Es todo un proceso que implica tiempo y exige acciones, recursos, articulación de decisiones y voluntades en las instancias local, territorial y nacional pues el narcotráfico es el combustible que alimenta el fuego del conflicto armado y lo mantiene encendido. Es entonces, un intento vano pretender apagarlo como sí se tratara de un fósforo y no de un incendio, en el que a pesar de haberse logrado la extinción del fuego, las brasas continúan encendidas y con cualquier soplo arreciarán   de nuevo. Es por eso que los negociadores en La Habana concibieron en el Acuerdo 4, la Solución

El 2 de octubre de 2016, el gobierno de Santos, con la intención de legitimar una decisión ajustada al Artículo 22 de la Constitución Política que le obligaba como Presidente cumplir un mandato para buscar la paz,   convocó al pueblo   para pedir su apoyo al Acuerdo firmado con las FARC para   terminar el conflicto armado. Y la respuesta de la mayoría, de esa minoría que concurrió a las urnas, fue NO. Hoy transcurrido un año es oportuno examinar algunos aspectos de ese momento para unos histórico   y para otros, inexplicablemente tan insignificante, que ni siquiera   motivó su concurrencia a las urnas. Repasemos cifras; con un censo electoral de 34.899.940 ciudadanos habilitados para sufragar, solo 13.066.047l (un 37.4%) concurrieron a las urnas, es decir se abstuvieron de expresar su opinión el 62.6% la más alta cifra de abstención en los últimos 22 años. A la pregunta ¿Apoya usted el Acuerdo Final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? El 50.21%

Justicia, verdad, perdón, memoria y olvido son temas recurrentes en la coyuntura de posconflicto, o mejor pos acuerdo, que   vive Colombia hoy y que merecen amplio debate por parte de la sociedad, a fin de lograr algún nivel de consenso que nos permita iniciar la etapa de construcción colectiva de la paz. En efecto, nos enfrentamos a dilemas como: ¿Cuánto de justicia y cuánto de perdón necesita el país para satisfacer a las víctimas y lograr la paz? Prefiere la sociedad que los integrantes de las FARC, agentes del Estado y demás actores del conflicto que tuvieron una participación activa, determinante o indirecta, paguen por sus crímenes en términos de justicia retributiva (u ordinaria) es decir, tras las rejas con penas proporcionales al daño causado; o aceptamos sacrificar un poco de justicia como lo establece la justicia transicional y a cambio de verdad, permitimos que paguen sus delitos con penas alternativas, como la restricción efectiva de libertad y la obligación de repara