Escritos y lecturas

No pasa un día sin que registren la muerte de un líder social, ambientalista, de restitución de tierras o defensor de derechos humanos. Y lo peor es que a fuerza de repetición, el hecho se vuelve costumbre, se vuelve paisaje, cada vez impacta menos. Sucedió con el exterminio de la UP, luego con las masacres de los paramilitares entre los años 1997 a 2003 y ahora con los líderes y lideresas sociales.  El Estado se ha mostrado lento y en algunos casos incapaz de hacer presencia en las periferias y copar los espacios que dejaron las FARC-EP, permitiendo que el ELN, los grupos delincuenciales, neo paramilitares, las disidencias de FARC y bandas armadas o Bacrim que se nutren de rentas ilegales, hagan presencia en estos espacios y se disputen el dominio de dichos territorios fronterizos, o en litigio, por cultivos de coca, restitución de tierras o defensa medioambiental.  A pesar de sus acciones no se ve un compromiso fuerte del Estado, más allá de chalecos antibalas o guarda espa