La objeción del Presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP tiene efectos jurídicos que estremecen las bases mismas del sistema democrático colombiano, como bien lo manifestó el Procurador Carrillo, e intenciones que profundizan la polarización y minan la CONFIANZA en las instituciones y en el gobierno.
El choque de trenes, que desde su intervención negó el Presidente, fue evidente porque sus objeciones atentan contra el Estado de derecho y desconocen decisiones de la Corte Constitucional que tuvieron control único y posterior, consideradas por esa razón “cosa juzgada constitucional”.
Además del tema netamente jurídico del que no me ocupo porque “doctores tiene la Santa Madre Iglesia”, creo que uno de los efectos más nocivos de la decisión de Duque, es el que tiene que ver con su impacto en la CONFIANZA, eje principal para que una sociedad avance hacia un futuro tranquilo y hacia la consolidación de una cultura de paz.
El impacto de dicha decisión en la CONFIANZA pública; es de extrema gravedad para el país y para el mismo gobierno a menos de un año de iniciado su mandato. En efecto, se percibe una sensación de incertidumbre, temor y desconcierto en distintos segmentos de la población, veamos:
-En los excombatientesde las FARC, ad portas de presentarse a la JEP para ser investigados, juzgados y sancionados por sus inhumanos secuestros, por el reclutamiento de niños para la guerra, por sus tomas a pueblos ocasionando irreparables pérdidas en vidas humanas y bienes civiles, en fin por sus delitos algunos considerados de lesa humanidad. Excombatientes hoy en proceso de reincorporación agrupados en los ETCR, desarrollando sus proyectos productivos, esperanzados en redimir sus crímenes con penas restaurativas que les permitan reincorporarse a la sociedad mediante el reconocimiento de sus delitos, el aporte de verdad plena, de perdón y sobre todo de tener la oportunidad de una reparación material y moral a sus víctimas.
-En los militares y policías que, en el fragor de una guerra larga y degradada como la que vivió Colombia, en la que por presión de resultados y en el afán de ganarla, llegaron a excesos cometiendo crímenes de guerra y delitos como alianzas con paramilitares, participación en masacres, homicidios fuera de combate, desapariciones y ejecuciones extra-judiciales o falsos positivos, entre otros.
Militares y policías que disfrutan hoy de su libertad mientras son llamados a juicio para, al igual que los ex guerrilleros, recibir penas restaurativas a cambio de verdad, reparar a sus víctimas y reiniciar una vida con sus familias fuera de cuarteles y tribunales pero que ven amenazada la seguridad jurídica que les garantiza la JEP como órgano de cierre, una vez agotado el proceso en dicho tribunal.
La incertidumbre de los militares es todavía mayor porque si no los juzga la JEP quedarían sometidos a la justicia ordinaria cuyas penas son intramurales; dado el caso de que no fueran a la JEP ni a la justicia ordinaría, quedarían expuestos, de por vida, a la Corte Penal Internacional cuyo estatuto establece, no solo la responsabilidad de los crímenes propios sino los que cometan las fuerzas bajo su mando o control, como también a la imprescriptibilidad de sus delitos, como reza textualmente en su Art. 29 “los crímenes de competencia de la Corte no prescribirán”. Estatuto de Roma.
-En la ciudadanía porque la CONFIANZA es un valor fundamental para la convivencia, la democracia, las instituciones, el buen gobierno, el ejercicio ciudadano, los negocios y la inversión pública y privada.
-En el gobierno y en sus instituciones porque ¿Cómo puede tener credibilidad un gobierno sí no cumple con los compromisos adquiridos por el Estado?
¿Cómo puede avanzar un país sí los ciudadanos no confían en sus instituciones?
¿Cómo puede un gobierno unir al país y reconstruir el tejido social destrozado por sesenta años de guerra y polarización, sí no es reconstruyendo primero la CONFIANZA entre sus ciudadanos?
¿Cómo puede la comunidad internacional que fue garante del proceso de paz, que es donante para el posconflicto seguir creyendo en un gobierno que no cumple pactos signados para poner fin a un conflicto armado que dejó ocho millones de víctimas y que fue depositado, como garantía de cumplimiento, en la sede del Consejo Federal o parlamento suizo?
¿Cómo puede un Presidente gobernar sí los ciudadanos no tienen la certidumbre que brinda el efectivo funcionamiento del Estado de derecho?
Estos interrogantes plantean los graves efectos de la decisión de Duque y su Centro Democrático, sin que ese hecho nos arrebate la esperanza de paz, verdad y justicia cifrada en una Corte Constitucional que hará valer la independencia de poderes, sustento del sistema democrático que nos rige; en una ciudadanía activa presta a reconstruir confianza y defender su anhelo de paz, y en una comunidad internacional vigilante, que apoya la paz como lo demuestra con su permanente acompañamiento y el llamado al gobierno que hizo hoy el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de su delegado especial Señor Alberto Brunori, para que sin más dilaciones apruebe la Estatutaria de la JEP.
Comentarios
Publicar un comentario