Hundidas las objeciones a la estatutaria de la JEP y una vez sancionada la ley por el Ejecutivo; el sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición y los cinco mecanismos que lo componen, empezaron a desarrollar sus funciones con mayor seguridad y en forma plena.
Fue así como esta semana la JEP hizo públicos, testimonios aterradores de las víctimas de secuestro por parte de las FARC, quienes narraron el grado de deshumanización a donde llegaron sus victimarios al encadenarlos y amarrarlos como animales humillando y rebajando de manera monstruosa, su dignidad humana.
De igual manera, presenciamos a través de la televisión la confesión descarnada de los victimarios de los “falsos positivos”. Militares de alto rango acusados de ejecuciones extrajudiciales, confesando la verdad, reconociendo su responsabilidad con lágrimas en los ojos y destapando lo que fue una práctica del gobierno de Uribe, en el marco de la “seguridad democrática”, consistente en presionar a los jefes de unidades y brigadas para mostrar resultados en la guerra contra las FARC, con números de bajas en combate “a como diera lugar” y exigiendo que más que capturas, lo que necesitaban los altos mandos eran muertos, “litros de sangre” y amenazando a quienes no dieran resultados o no contribuyeran al éxito de la guerra.
Escuchar por la TV estos testimonios me hizo pensar en lo que fue la Comisión de la Verdad en Suráfrica, donde por un canal público de televisión se transmitían las sesiones varias horas al día, en las que se enfrentaban víctimas y victimarios, como en una catarsis colectiva para conocer la verdad, reconocer responsabilidades y en muchos casos pedir perdón, en procesos de liberación y sanación del trauma social que produjo la guerra, en unos y otros y en toda la nación.
Pero como ha sucedido siempre en la historia de Colombia, este país se opone a la verdad, esquiva la responsabilidad y como el avestruz, prefiere enterrar la cabeza en la arena para no enfrentar su pasado y ocultar con un manto de silencio y olvido, el impacto de la realidad vivida.
Así como sucedió con la publicación de “La Violencia en Colombia” de Guzmán Campos, Umaña Luna y Fals Borda sobre los horrores de la guerra entre liberales y conservadores; hoy, Uribe y el Centro Democrático insisten, mediante fraudulentas y engañosas manipulaciones, en evitar a toda costa que se revele la verdad de lo sucedido durante más de cincuenta años de conflicto, que se reconozcan las responsabilidades, se reparen las víctimas y se garantice la No Repetición como condiciones para transitar el camino de la reconciliación.
Por eso están convocando a un referendo para acabar la JEP, revocar las Cortes, elegir nuevos magistrados en un proceso de concurso de méritos manejado por la Presidencia de la República, reformar el Congreso para reducir las diez curules asignadas temporalmente a las FARC en el Acuerdo de paz, dejando solo dos para desmovilizados y dos para víctimas. Aprobar la doble instancia para los aforados con efecto retroactivo, lo que como todos saben, tiene un nombre propio.
Un aparte del formulario de referendo dice textualmente:
“Ordénese la remoción inmediatay nueva elección por concurso de méritos de todos los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Deróguese la Justicia Especial para la Paz-JEP, sus normas de constitución y sus procedimientos, y remuévanse todos sus Magistrados. Trasládense sus procesos a las nuevas salas de la Corte Suprema de Justicia, y elíjanse los magistrados que integrarán las nuevas salas de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con la forma de elección de los demás magistrados de la Corte.
Parágrafo Segundo: Se derogan las normas contrarias, en especial el acto legislativo 1 de 2017, la Ley 1820 de 2016 y la Ley 1922 del 18 de julio de 2018”. (El resaltado es mío)
En la exposición de motivos, la convocatoria al referendo presenta un pavoroso escenario de crisis institucional e invoca la necesidad de salvar a Colombia del caos en que se ha sumido el Estado, cuyas ramas legislativas y judicial están en manos de los “criminales más tenebrosos que han atentado con sevicia y amenazan con terror a la ciudadanía colombiana" y que estamos abocados (“avocados” escriben ellos) a un estado fallido.
Esa es la imagen que está propagando de manera irresponsable el partido de gobierno, no se da cuenta del mal que le hacen al país sus mezquinos intereses electorales, con esa estrategia de crear zozobra, incertidumbre e indignación para “sacar la gente a votar verraca” que les dio el triunfo en el plebiscito, con las falacias del “castrochavismo”, y de volvernos “como Venezuela” en la elección presidencial.
No nos llamemos a engaños. No les importa la estabilidad del país ni su imagen. En lugar de trabajar por recuperar la Confianza en las instituciones hacen todo lo contrario: destruirla. Las verdaderas intenciones del CD no son otras que des institucionalizar al país, acabar con el Estado social de derecho consagrado en la Constitución del 91; no solo propone revocar las cortes sino también el Congreso y acabar de una vez por todas con el proceso de paz y con la JEP, utilizando de manera paradójica, el fraudulento argumento de la impunidad, ante el peligro que implica el conocimiento de la verdad para su máximo jefe.
Pero no, la sociedad civil no lo va a permitir! No les quedará tan fácil porque día a día crece el número de ciudadanos dispuestos a defender su derecho a la paz, hay una juventud empoderada y actuando; una comunidad internacional que cree, apoya, y vigila la implementación y el cumplimiento del Acuerdo de paz.
La esperanza persiste y seguimos trabajando por un país mejor.
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